Con la regulación, varias empresas decidieron no iniciar su solicitud de autorización pero continuaron operaciones.
A la par de la evolución de la industria del fondeo colectivo, o crowdfunding, han surgido empresas que dicen ser parte de este modelo de negocio, pro operan al margen de la ley con el fin de defraudar a las personas. Esto que ha generado que haya denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar y castigar a quienes resulten responsables por este ilícito.
De acuerdo con Miguel Ángel Mejía Ríos, director de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico), ante el crecimiento de esta industria y su proceso de regulación, se ha detectado el surgimiento de empresas fraudulentas que dicen operar bajo este modelo de negocio, con atractivas tasas, pero que al final son un engaño para los usuarios. Desde agosto del 2020, dicha organización ha interpuesto 20 denuncias ante la CNBV contra este tipo de páginas.
Explico que la gente se ha enterando poco a poco de qué se trata el fondeo colectivo y se le ha hecho una propuesta atractiva, eso es bueno, pero también ha generado que aparezca gente que no tiene las mejores intenciones y que operan sin llevar a cabo el proceso de autorización.
“Hay 20 denuncias establecidas ante la CNBV para darle seguimiento a estos ilícitos”, detalló Mejía Ríos.
El directivo de la Afico explicó que las plataformas de fondeo colectivo que operaban desde antes de la promulgación de la Ley Fintech, en marzo del 2018, tuvieron hasta septiembre del 2019 para solicitar su autorización y continuar operaciones hasta que el regulador diera respuesta a su solicitud. De no haber solicitado su aval en ese plazo, tenían que haber dejado de operar.
“Antes de este proceso, había más plataformas que ofrecían crowdfunding; sin embargo, al llegar esta fecha de septiembre del 2019, solamente 25 plataformas iniciaron el proceso, pero varias se quedaron ofreciendo servicios (...) no bajaron sus páginas y fue cuando empezamos a detectar problemas”, acotó Mejía Ríos.
Actualmente, la CNBV, y otras autoridades, revisan más de 30 solicitudes de empresas de fondeo colectivo que buscan ser autorizadas; hasta la fecha, sólo se han dado dos autorizaciones para empresas que operan bajo este modelo de negocio, que fueron para Fundary, que operaba desde antes de la promulgación de la ley, y para LikideoMX, empresa de reciente creación y que tiene que cumplir con ciertos requisitos para iniciar operaciones.
Mejía Ríos abundó en que más allá de la competencia desleal que pueden representar las plataformas que no hayan solicitado su autorización, la afectación para las empresas que buscan ser reguladas pueden ser mayores por un daño de reputación que se genere en la industria del fondeo colectivo, además de la afectación al patrimonio de las personas que caigan en el fraude.
“Nos preocupa mucho el riesgo reputacional, porque obviamente estas empresas no tienen la infraestructura ni llevan los procesos que realizan las plataformas que buscan ser autorizadas por la autoridad... Pueden dañar una reputación que nos ha tomado construir desde el 2012", acotó el directivo de Afico.
Asimismo, Mejía Ríos apuntó que las empresas que operan fuera del marco regulatorio cometen distintos delitos previstos en las leyes financieras, como la captación ilegal de recursos o la oferta pública de valores sin autorización, por lo que pueden ser sancionadas con multas de hasta 20 millones de pesos o penas que van de los siete a los 15 años de prisión.
“Es gente que a sabiendas de que está cometiendo un delito y que se puede enfrentar a estas sanciones, lo cometen”, acotó Mejía Ríos y dijo que sí hay casos de fraudes documentados de estas plataformas fraudulentas.
