Hace algunos años, se propuso que esta empresa pagara parte de la deuda de Alta Grupo a cerca de 2,000 inversionistas.
Dentro de la actualización de este mes del portal de sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aparecieron tres nuevas multas a empresas por infringir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech.
De acuerdo con la información actualizada, estas tres sanciones fueron para las firmas Miio (King David Mobile) por un monto de 2.6 millones de pesos; FMG Servicios Técnicos y Especializados, por 173,760 pesos y Top Kapital, por 89,620 pesos.
Según lo informado por la autoridad, Miio, que funciona como operador de telefonía celular y que brinda servicios financieros digitales, fue sancionada por difundir información falsa para la realización de operaciones que están reservadas sólo a instituciones de fondos de pago electrónico autorizadas, las cuales regula la Ley Fintech.
Miio es una empresa respaldada por la sociedad financiera popular (sofipo) Finamigo y hace algunos años, fue ligada con el problema de insolvencia de Alta Grupo, que era una firma encabezada por Luis López Panadero y Salvador Abascal Álvarez, la cual operaba diversos esquemas de inversión, algunos relacionados con las cabinas telefónicas Fontastiko o la misma sofipo Alta Servicios Financieros.
Hace algunos años, las empresas de Alta Grupo, así como sus esquemas de inversión -los cuales daban retornos superiores a 10%-, tuvieron problemas de solvencia que derivaron en la desaparición de casi 4,000 millones de pesos en perjuicio de cerca de 2,000 inversionistas.
Como parte de la reestructuración de Alta Grupo, la sofipo Finamigo absorbió a Alta Servicios Financieros y las otras empresas de esta firma, Genera Destino que operaba como sofom, así como Automatización de Servicios Productivos, que era la que administraba las cabinas telefónicas Fontastiko, entraron en concurso mercantil.
En este contexto, Carlos de la Garza, inversionista afectado por Alta Grupo y hoy director general de Finamigo, propuso en septiembre del 2019 que la empresa Miio, junto con las acciones de dicha sofipo, sirvieran como mecanismo para resarcir parte de la deuda a los ahorradores.
Según la propuesta de De la Garza, dicho plan tenía la intención de recuperar cerca de 1,500 millones de pesos en un plazo de cinco años, los cuales servirían para pagar a aquellos inversionistas que cedieran sus derechos litigiosos que tuvieran contra Alta Grupo.
De acuerdo con fuentes enteradas del caso, esta propuesta nunca fue aceptada, debido a que Miio había sido creada por las cabezas de Alta Grupo, junto con otros inversionistas como Modesto Gutiérrez, que actualmente es representante legal de Finamigo.
Hoy en día, el concurso mercantil de las empresas de Alta Grupo vive un atorón legal, mientras que sus cabezas tratan de sortear las acusaciones penales en su contra y los inversionistas afectados no han recuperado su dinero.
Otra de las empresas sancionadas que aparecieron en la actualización del portal de sanciones de la CNBV de este mes fue FMG Servicios Técnicos y Especializados, firma responsable de los portales Fincompara y Mihistorial.
Según la CNBV, esta sanción, por 173,760 pesos, fue por usar expresiones (incluso en idioma inglés) referidas a conceptos y productos reservados a instituciones de tecnología financiera, concretamente a las instituciones de fondos de pago electrónico, a través de su publicidad (página de internet), sin que tenga el carácter de entidad financiera autorizada para ello.
La otra sanción que apareció este mes relacionada con la ley fintech la recibió la empresa TopKapital por 89,620 pesos, por usar palabras reservadas sólo para entidades autorizadas por la ley fintech.
Actualmente, son 39 multas que la CNBV ha publicado, que están relacionadas con el ecosistema de tecnología financiera, por infracciones a normativas como la Ley Fintech, la Ley del Mercado de Valores o la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras.
Estas 39 sanciones emitidas suman un monto en multas de más de 77 millones de pesos.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez