Uno de los mecanismos que se utilizan para desviar recursos son las llamadas empresas fantasma, es decir, organizaciones que simulan operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron la guía para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, la utilización indebida de dinero público, durante las campañas políticas.
En conferencia de prensa, Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT, y Santiago Nieto Castillo, encargado de la UIF, indicaron que el objetivo de esta guía es orientar a los sujetos obligados a cumplir con la ley antilavado a detectar, prevenir y reportar alguna operación que pudiera favorecer la comisión de delitos de lavado asociados con el próximo proceso electoral.
“Esta guía recoge la experiencia reciente de nuestra República en materia de la generación de empresas fachada, por ejemplo, para desviar recursos a las campañas electorales”, declaró el titular de la UIF, quien añadió que la finalidad de un documento de esta naturaleza es evitar casos como el de la asociación Amigos de Fox, donde se desviaron recursos del erario para campañas electorales, o el uso de empresas fachada para el desvío de dinero público tal y como se hizo en la Operación Safiro del 2016.
Para el titular de la UIF es importante que los sujetos obligados que realizan alguna actividad vulnerable detecten señales de riesgo en las operaciones que realizan, tales como transacciones con empresas fachada o factureras contratadas por partidos políticos o candidatos o, incluso, que se identifiquen y reporten operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo, ya que el uso de éste se incrementa cerca de 6% en periodos electorales respecto a lapsos donde no hay elecciones.
“Esto significa que hay un mayor número de (efectivo) circulante durante las campañas electorales y la hipótesis que tenemos es que se trata de flujo de recursos para el pago de acarreo de votantes y de ciertos servicios vinculados con el proceso electoral que evidentemente no son reportados a la autoridad”, acotó Nieto Castillo.
El funcionario de la UIF añadió que también se deben de detectar operaciones dirigidas a la compra masiva de tarjetas prepagadas o la adquisición masiva de tarjetas de servicios, o incluso transacciones con criptomonedas, con el fin de reportarlas a las autoridades y así se formen investigaciones encaminadas a encontrar delitos electorales.
“Esto nos permitirá mayores elementos para poder aportarlos a las autoridades electorales, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en casos de carpetas de investigación, al cumplir los requerimientos del Instituto Nacional Electoral en caso de procedimientos administrativos sancionatorios, tanto en materia de financiamiento ilícito a las campañas electorales como en el caso de la violencia política en contra de las mujeres”, detalló Nieto Castillo.
El funcionario precisó que las actividades vulnerables también deben de poner especial atención a clientes o usuarios cuando estos estén relacionados con la política, así como con el servicio público.
Las actividades vulnerables son aquellas proclives al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo como la compraventa de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte o también las que se dedican a juegos y sorteos o almacenamiento de criptomonedas.
Se prevé que el próximo 6 de junio se elijan más de 21,000 cargos públicos de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez