Actualmente, si una persona ofrece locales en arrendamiento y no quiere que la traten como actividad vulnerable, le da la vuelta a la ley creando un fideicomiso.
Las personas físicas y morales que realizan alguna de las actividades vulnerables contempladas en la Ley Antilavado y que actúan por medio de fideicomisos, estarán más vigiladas en materia de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para evitar actos de corrupción y otros ilícitos.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado, que actualmente se encuentra en el Senado, busca que los fideicomisos que realizan alguna de las 16 actividades vulnerables puedan reportar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y detectar el blanqueo en estos instrumentos.
“La recomendación 25 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) denominada Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas señala que se deben emitir medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo”, se puede leer en los argumentos del dictamen que se analiza en el Senado.
Teodoro Briseño Maldonado, director general de la consultora Briupec, explicó que actualmente, por ejemplo, si una persona física o moral se dedica a una de las actividades vulnerables, como puede ser el arrendamiento de un inmueble, y utiliza un fideicomiso para este fin, no tiene la obligación de darse de alta ante el SAT en materia antilavado, pues actúa por medio de un instrumento jurídico que le permite “darle la vuelta” a la normativa.
“Si una persona física o moral busca ofrecer locales (de su propiedad) en arrendamiento, y no quiere ser (tratada como) actividad vulnerable, le da la vuelta a la ley creando un fideicomiso y le ordena al fiduciario administrar, cobrar la renta, depositar los recursos y el dueño de esa actividad vulnerable, pues no se registra como tal porque actúa vía un fideicomiso”, declaró Briseño Maldonado.
Sin embargo, precisó el especialista, si prospera la iniciativa de reforma, las personas que constituyan un fideicomiso (conocidos como fideicomitentes) relacionado con alguna de las 16 actividades vulnerables, tendrán obligaciones en materia antilavado, tales como identificar a sus clientes o usuarios, al beneficiario final de dicho instrumento, presentar los avisos correspondientes ante la autoridad, contar con un manual de políticas internas en la materia, entre otras.
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, esta reforma permitirá que esta instancia tenga más información de los fideicomisos, que en algunos casos han sido utilizados para esconder recursos provenientes de actos de corrupción y otros ilícitos.
“Es importante (la reforma) porque muchos actos de corrupción, actos de encubrimiento de recursos ilícitos se presentan a través de estas estructuras jurídicas”, apuntó Nieto Castillo.
De acuerdo con el titular de la UIF, en la actualidad, las personas que constituyen un fideicomiso sólo tienen la obligación ante esta instancia de informar sobre su creación o modificación del instrumento, por lo que se busca obtener información más allá de estos dos momentos.
En la última evaluación del GAFI a México, se registró que pese a que los fiduciarios (instituciones financieras que administran los fideicomisos) están obligados a identificar a las partes de estos instrumentos, no es así con los beneficiarios de los mismos.
Las nuevas obligaciones que llegarían para fideicomitentes
• Identificar y conocer a sus clientes o usuarios.
• Identificar al beneficiario final de sus clientes.
• Custodiar, proteger, resguardar información sobre clientes o usuarios.
• Presentar avisos o informes ante la autoridad.
• Contar con un encargado de cumplimiento antilavado.
• Contar con un encargado de cumplimiento antilavado.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez