El titular de Hacienda dijo que en la dependencia están atentos a los comentarios del mercado y de las agencias relacionados con la iniciativa de reforma constitucional al sector energético, y que están seguros de tener un modelo consistente que, a su vez, lo sea con las reglas del mercado.
Las empresas privadas abusaron de los esquemas de suministro de energía en el país, como el autoabasto, acusó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al ser cuestionado por el think tank Atlantic Council sobre la reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados.
“Hubo un abuso de los esquemas de autoabasto energético en el que las empresas privadas promovieron la simulación de modelos de este tipo que se asemejan más a negocios financieros”, contestó el funcionario mexicano a la pregunta de Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México sobre la iniciativa presentada, durante una videoconferencia en Washington.
El secretario dijo categórico que este gobierno ha puesto un alto a las prácticas de concesiones públicas y de políticas que favorecían a selectos grupos empresariales. “Esta situación –dijo– también ocurrió en el sector eléctrico, en detrimento de las finanzas públicas”.
El autoabasto se refiere a cuando empresas pueden producir su propia electricidad; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Energía, este modelo “decayó en una práctica ilegal”, ya que se creó un mercado paralelo donde los privados empezaron a vender electricidad; sin pagar por el porteo (transmisión) a la CFE.
A la fecha, hay 239 centrales de autoabasto que no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico y, de ellas, hay 77,767 consumidores. Entre dichas empresas se encuentran Bimbo, Alsea, OXXO, Walmart, Femsa y Kimberly Clark.
La reforma, que se presentó el pasado 1 de octubre, busca que el sector privado mantenga una participación de 46% del mercado eléctrico, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría una de 54 por ciento.
Esta iniciativa, recordó Rogelio Ramírez de la O, fue enviada a la Cámara de Diputados, en donde aún se debe de discutir y, en su caso, aprobar para, después, ser mandada al Senado donde tendrá el mismo procedimiento.
“Promueve la participación y las inversiones de privados en el sector, ya que la CFE seguirá comprando electricidad y la capacidad de los productores privados, pero sin que la empresa estatal sea su soporte financiero. Esto incentivará la eficiencia y mejorará el costo financiero”, aseveró.
Ante el cuestionamiento que le hicieron sobre el reporte de Moody’s, en donde la agencia indicó que habría efectos negativos con la reforma en el sector, Ramírez de la O dijo que en Hacienda: “estamos muy atentos al mercado y a las reacciones de las agencias calificadoras. Tenemos un modelo que es consistente con las reglas del mercado”.
Luego de darse a conocer la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno de López Obrador, la agencia calificadora Moody’s advirtió que ésta incrementaría el precio de la electricidad en el país, además de tener un impacto negativo en la calificación del sector.
En dicho documento, la calificadora planteó que la reforma podría disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y, probablemente, aumentaría el costo de la electricidad.
“La propuesta de reforma no sólo crearía un mercado de electricidad más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México en el logro de sus objetivos de energía limpia”, señaló.
Ante un posible aumento del costo de la electricidad, Moody’s consideró que si bien el gobierno podría subsidiar este incremento, los subsidios que ya existen han incrementado de manera significativa en los últimos años.
“De ser aprobada, es probable que la propuesta desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas”, agregó.
La reforma eléctrica del gobierno de López Obrador propone un nuevo sistema de electricidad, luego de los abusos que hubo en el pasado, para que sólo se favorecieran algunas cuantas empresas del sector privado, aseguró De la O.
“Esta iniciativa propone un nuevo sistema de electricidad para promover un desarrollo ordenado que favorezca la seguridad, la confianza, la estabilidad en la generación de energía y la continuidad del servicio”, agregó.
El secretario de Hacienda aseguró que la iniciativa promueve la participación de la iniciativa privada en el sector energético, además de buscar que la población mexicana se vea beneficiada por los cambios propuestos.
Actualmente la CFE concentra 38% del mercado de energía, mientras que los generadores privados 62 por ciento.
Con la reforma, se busca “eliminar las modalidades ilegales de generación privada y que 46% de producción (de las empresas privadas) que a diario se despache, tenga una auténtica competencia, justa y pareja, reconociendo los costos de producción, para mantener una armonía en el mercado”.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Belén Saldívar y Yolanda Morales