El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó el estudio “Cómputo en la nube para el sector financiero: Oportunidades para México”, en este se identificaron áreas de oportunidad en la regulación para la operación servicios de la nube aplicada a instituciones financieras, por lo que el instituto señaló recomendaciones a la autoridad.

De acuerdo con el IMCO, una de las principales barreras que limitan el uso de la nube para servicios financieros, es la obligación de notificar y recibir autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el uso de estos servicios, además de la residencia de datos, para que la información sea almacenada y procesada dentro de una determinada jurisdicción, con infraestructura dentro del territorio nacional, para asegurar la continuidad del servicio, condiciones que aumentan el coste de los servicios, según lo señalado por el Instituto.

“Estas condiciones incrementan el costo de acceder a estos servicios, especialmente para las empresas fintech que comúnmente tienen menores recursos financieros, operativos y humanos que los bancos. En términos generales, se reduce la competitividad de los servicios financieros en México al elevar la carga burocrática”, se puede leer en un comunicado del IMCO.

El organismo detalla que para evitar efectos que limiten el desarrollo de los servicios de cómputo en la nube, la regulación debe ajustarse a facilitar el uso de estas tecnologías, señalan que la tercerización del almacenamiento de datos puede tener un efecto positivo en la competencia de las instituciones financiera, al eficientar procesos de su operación y facilitar la entrada de entidades al mercado mexicano.

Parte de la recomendación emitida por el IMCO, apunta que la regulación debe ser congruente con las disciplinas de servicios financieros plasmadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que el libre tránsito de datos debe ser promovido y minimizar las políticas restrictivas en cuanto a los requisitos de residencia de datos.

IMCO propone

El estudio realizado por el IMCO identificó retos en la regulación para instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera, por lo que propone una regulación basada en principios neutrales y riesgos. Según la institución, la regulación debe:

Transitar a un modelo basado en principios y riesgos, colaboración y modernización regulatoria.

Impulsar el uso de certificaciones internacionales, auditoría externa y otros mecanismos de autorregulación entre el sector financiero y sus proveedores de servicios en la nube.

Desarrollar y publicar una guía con lineamientos básicos para el cumplimiento de contratación de servicios de cómputo en la nube para el sector financiero.

Adoptar principios de neutralidad tecnológica.

Eliminar la residencia de datos y los requisitos prescriptivos de proveedores secundarios.

Utilizar los tratados comerciales internacionales para homologar regulaciones con otras jurisdicciones y socios comerciales.

El organismo señala que la regulación no debe ser un obstáculo para la innovación y la gestión de riesgos no tiene que oponerse a un sistema financiero dinámico, que aumenta la penetración de servicios financieros en el país.

CNBV Identifica riesgos

Anteriormente, El Economista reportó que la CNBV identificaba riesgos en los servicios de nube para instituciones financieras, principalmente relacionados con la continuidad del servicio, bloqueo de proveedores, concentración, riesgos geopolíticos.

En los riesgos geopolíticos, el regulador apuntó que es necesario acudir con diversos proveedores para minimizar la dependencia de un solo servicio.

Además, una investigación realizada por la Fundación de Estudios Financieros (Fundef) indicó que el incremento en el uso de herramientas de análisis de datos en la nube por parte del sector financiero, por lo que la autoridad enfrenta el reto de crear un marco legal justo.

“Un reto de la autoridad es que el marco legal no sea una desventaja para el sistema regulado y que las Big Tech se aprovechen de ello. Se tiene que adecuar para que la competencia se dé en igualdad de condiciones”, señala la Fundef.