Desde que se conoció el Paquete Fiscal 2022, el gremio de contadores públicos ha hecho hincapié en que la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconsideren las sanciones establecidas en el dictamen del Código Fiscal de la Federación (CFF) para los contadores públicos auditores.
Ante ello, Laura Grajeda Trejo, nueva presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) comentó en la entrevista que con los cambios establecidos pagarían justos por pecadores.
“Confiamos en que este año los legisladores y el SAT nos escuchen y se sensibilicen ante esta situación (...) Si hay algún delito fiscal, nosotros seríamos los primeros en no firmar el dictamen fiscal, llamaríamos la atención a la empresa y no pondríamos en riesgo nuestro prestigio profesional ”, comentó Grajeda Trejo.
La sanción máxima para un contador público auditor será de hasta seis años de cárcel o tres años de suspensión del registro de contadores.
Esta decisión por parte de la autoridad fiscal es consecuencia de que grandes despachos contables omiten el pago de impuestos de sus clientes mediante información falsa o actos de corrupción.
En este sentido, se modificó el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece que el contador público auditor deberá informar a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido con las disposiciones o cuando éste haya llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.
Ante ello, Grajeda Trejo, recordó que las auditorías son exclusivamente para presentar un dictamen fiscal, revisar la situación financiera de las empresas, opinar sobre la razonabilidad de sus cifras y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de su cliente.
Sin embargo, no revisamos 1 00 por ciento. (Aunque) Existen normas de auditoría internacionales para que nuestro trabajo sea más profesional, hay situaciones que están fuera de nuestro alcance ”, comentó.
En el marco del 98 aniversario del IMCP, Grajeda dijo que en todos sus años de existencia han construido un prestigio más de 22,000 contadores públicos que forman parte de la institución en donde tienen los valores muy arraigados, por ello responde de esta manera ante las autoridades fiscales.
“Para c ualquier situación en donde un contador público infrinja el código de ética, contamos con juntas de honor, en donde son analizados y revisados los casos, y si se encuentra que realizó una mala práctica dejan de ser parte del IMCP”, acotó.
Comentó que están en plena disposición de coadyuvar con las autoridades fiscales y que tienen especialistas de todas las áreas para trabajar de manera conjunta. “El talento y la experiencia de todos nosotros podemos sumar en pro de nuestro país y de nuestra profesión”.
Fuente: El Economista