INE y UIF firman convenio para acotar el margen de lavado de dinero en campañas electorales

El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio para que la autoridad electoral tenga información sobre el origen y destino de los recursos que destinan los partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral.

Ante las próximas elecciones federales y locales, que se considera como el proceso electoral más grande de la historia de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá información del origen y destino de los recursos de partidos políticos y personas que se postulan a un cargo de elección popular, con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral.

Este lunes, se firmaron los anexos técnicos derivados del convenio suscrito por el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en septiembre del 2019, mismos que tienen la finalidad de prevenir y detectar violencia política contra las mujeres en razón de género, violaciones al uso de medios de comunicación por parte de partidos políticos, transgresiones al uso de propaganda de los poderes públicos y contravenciones a las normas sobre propaganda política y electoral de actos anticipados de campaña.

Adriana Favela Herrera, consejera del INE, detalló que si bien a partir de la reforma electoral del 2014, este organismo autónomo obtuvo más facultades para fiscalizar los recursos de las campañas electorales, es necesario un intercambio de información con otras autoridades, como con la UIF, para detectar el origen del dinero que se mueve en este proceso.

“Uno de los mayores retos en materia de fiscalización descansa en la oportuna identificación y combate de financiamiento ilícito que pueda viciar la legitimidad de nuestros procesos electorales y por tanto de las autoridades que resulten electas”, expresó Favela Herrera.

De acuerdo con la consejera, el proceso electoral está expuesto a diversas y variadas formas de financiamiento ilícito como, por ejemplo, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la aportación de grupos delictivos o la triangulación de recursos que aporten entes no permitidos.

Al respecto, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que el sistema electoral está expuesto a recursos ilícitos por riesgos que están fuera de su naturaleza, por ejemplo, que la delincuencia organizada financie campañas electorales, peculado electoral, condicionamiento de programas sociales o el uso de empresas fachada para sustraer recursos del erario y después incorporarlos a campañas electorales.

“Debemos de reconocer que existen acciones de peculado electoral y condicionamiento de programas sociales y tenemos que reconocer que existe el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario y después incorporarlos a las campañas electorales”, expresó Nieto Castillo.

Mejores estándares

En su intervención, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se busca que con este tipo de acuerdos las elecciones electorales de este año cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas de dinero que circula en la política.

“(Los anexos) clarifican los mecanismos, contenido y plazos en los que se dará el intercambio de información entre ambas instituciones sobre los sujetos regulados en materia de fiscalización y también sobre aquellos que forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del INE y del Tribunal Electoral”, comentó Córdova.

Los anexos técnicos formalizados buscan prevenir y detectar:

  • Violencia política contra las mujeres.
  • Violaciones al uso de medios de comunicación por parte de partidos políticos.
  • Las transgresiones al uso de la propaganda por parte de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
  • Contravenciones a las normas sobre propaganda política electoral de actos anticipados de precampaña o campaña.

Fuente: INE y UIF.

Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez