El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, indicó que en el Congreso de la Unión hay iniciativas, para lograr la extinción de dominio y recuperar el dinero de procedencia ilícita o de cuentas bloqueadas que han sido abandonadas.
Monterrey, NL. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, comentó que se han revisado 386 delitos de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), pero ninguno ha llegado a la extinción de dominio.
Con la Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada por el Congreso de la Unión el 9 de agosto de 2019, entre otros hechos susceptibles de extinción de dominio se encuentran los recursos de procedencia ilícita, y hay un mecanismo de defensa para que se corrija cualquier acto indebido de los juzgadores, en primera instancia, indicó Santiago Nieto en una conferencia virtual organizada por el Colegio de Economistas de Nuevo León, Redes Quinto Poder y Centro Civitas.
“El tema central es el no acreditamiento. Si una persona no puede acreditar el origen de los recursos: pienso (por ejemplo) en el juez de Oaxaca que tenía 50 millones (de pesos) en sus cuentas que no podía comprobar; en (el ex gobernador de Chihuahua) César Duarte, con un rancho de las dimensiones de la capital de Chihuahua, en ese estado; pienso en los bienes de (el ex gobernador de Coahuila) Humberto Moreira y en 2,000 millones que quería sacar del país”, puntualizó el funcionario.
Detalló que cuando no hay forma de acreditar que hay una conducta de naturaleza jurídica que permita justificar los recursos, se está frente a un caso de algún tipo de ilícito, pero “hay que distinguir el delito que cometen las autoridades desde arriba hacia abajo, operando para poder sacar del sistema financiero el dinero vía empresas fachada, y el modelo que señala que el dinero se encuentra afuera y se va insertando, con menor proporción en el sistema, relacionado con el narcotráfico”.
Nieto Castillo recalcó que hay que distinguir entre la extinción de dominio y las cuentas abandonadas, las cuales están relacionadas con personas que no reclaman las cuentas o lo hacen tardíamente, por ello se debe dictar una resolución administrativa por extemporaneidad.
La UIF llevó a cabo un análisis sobre las cuentas bloqueadas, no reclamadas, en agosto de 2020, donde se localizaron a 174 personas bloqueadas sin registro de juicios de amparo o garantía de audiencia, con cuentas superiores a 100,000 pesos. En total el número de cuentas bloqueadas fue de 1,633, por un monto de 676.2 millones de pesos.
“El punto es cómo hacemos para recuperar el dinero, (por ejemplo en) los temas de trata de personas, corrupción, etcétera. Lo que hemos hecho es plantear una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y adición al artículo 115, ante la Cámara de Diputados, que aún no se resuelve; además la Secretaría de Hacienda va a determinar si existen algunas operaciones que permitan ejercer la acción de extinción de dominio”, explicó.
Se solicitó dicha reforma, detalló, porque la Ley de Instituciones de Crédito regula a las entidades financieras y señala qué es lo que se tiene que hacer y establece que la UIF es la instancia competente para efectos de que pueda solicitar la extinción de dominio en un caso particular.
Otro punto es el de detectar oficinas de activos virtuales, pues algunas ni siquiera trabajan en México, y hay otro tipo de empresas que también pueden estar generando situaciones de corrupción, por ello hay que avanzar en eso, recalcó.
En cuanto a la reforma sobre Cuentas Abandonadas, expuso que la postura de la UIF es que si hay una cuenta abandonada que nadie reclama en 90 días, que se pase directamente a la Tesorería de la Federación o al Instituto para devolver al pueblo lo robado. La iniciativa está en la Unidad de Bancos, Valores y Ahorro para su análisis.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Lourdes Flores