El magistrado José Luis Vargas busca obtener de un juez una suspensión a la reactivación de la investigación en su contra por parte de la FGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
El magistrado José Luis Vargas busca obtener de un juez una suspensión a la reactivación de la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
El 30 de julio, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, revocó el no ejercicio de la acción penal decretado por la FGR hacia Vargas, por presunto enriquecimiento ilícito, y le ordenó a la Fiscalía realizar nuevas diligencias.
Ante ello, el magistrado interpuso ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México una demanda de amparo contra la reapertura de la investigación; el Juzgado aceptó admitir a trámite el recurso, lo cual indica que será analizada por parte del Juzgador.
El Juzgado fijó las 10:45 horas del próximo 29 de septiembre para celebrar una audiencia donde se prevé una resolución sobre si se obsequia o no la suspensión.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó los movimientos financieros inusuales en cuentas bancarias del magistrado y ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos. La Unidad presentó una denuncia ante la FGR. La denuncia incluyó a seis personas: dos físicas y cuatro morales.
Según la UIF, José Luis Vargas, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad.
Se conocieron transferencias al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, según la UIF.
El pasado 19 de julio, el magistrado José Luis Vargas afirmó que ya demostró no haber incurrió en enriquecimiento ilícito, y cuestionó los procedimientos de dicha unidad de inteligencia.
Ese día, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había impugnado la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, al determinar el no ejercicio de la acción penal contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por el delito de enriquecimiento ilícito.
La UIF informó que además de la impugnación, también presentó una nueva denuncia en contra de seis personas —dos físicas y cuatro morales— vinculadas al magistrado Vargas.
Al respecto, en una carta a la opinión pública, el Magistrado argumentó que el hecho de que la FGR haya determinado el no ejercicio de la acción penal en su contra, “significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir (…) no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”, sostuvo.
Con lo anterior quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones”, argumentó.
El magistrado dijo que mitigará este asunto a nivel jurídico y no en los medios. “He sido y continuaré siendo respetuoso de los procesos y las instituciones del orden jurídico mexicano”, mencionó.
Expresó que estará atento a cualquier requerimiento que le haga la autoridad judicial, y dijo lamentar las filtraciones sobre este caso.
“Como ciudadano y como juzgador, lamento que nuevamente se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones. En México es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales sean objeto de filtraciones a medios de comunicación”, aseveró.
“Finalmente, reitero: soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el Ministerio Público Federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponden a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes”, concluyó.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Jorge Monroy