Ante los señalamientos por parte de la OCDE hacia México sobre ser más contundente en su labor para combatir el cohecho internacional, el país presentó avances en sólo algunas de las recomendaciones de este organismo internacional.
Ante los señalamientos por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacia México sobre ser más contundente en su labor para combatir el cohecho internacional, el país presentó avances en sólo algunas de las recomendaciones de este organismo internacional.
Del 8 al 12 de marzo pasados, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, donde se discutió, defendió y aprobó el reporte de la fase cuatro de la implementación en México de la convención anticohecho.
En ella, según el reporte discutido y aprobado este viernes, se reconocieron los avances de México desde el ámbito de competencia de cada autoridad para prevenir, investigar y combatir el cohecho internacional y se señalaron mejoras significativas en recomendaciones especialmente dirigidas al Banco de Comercio Exterior y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
De acuerdo con la OCDE, el cohecho internacional se comete cuando empresas prometen o entregan una dádiva a un funcionario público extranjero para obtener ventajas en una transacción comercial internacional, la adjudicación de un contrato de construcción o una concesión de petróleo o gas.
En el 2018, la OCDE señaló que en México era necesario que el país diera más prioridad en la aplicación de la ley contra este ilícito, pues hasta ese entonces, no había procesado un solo caso de soborno a funcionarios extranjeros a 19 años de ratificar la Convención Anticohecho.
"Esto es motivo de gran preocupación, especialmente dado el carácter exportador de la economía mexicana, y porque sus exportaciones incluyen sectores de alto riesgo de corrupción, como las industrias extractivas, manufactureras y agrícolas”, detalló la OCDE en su momento.
Dicho informe sugirió fortalecer las medidas para detectar el soborno extranjero, mediante la identificación de pagos ocultos como gastos permitidos para fines fiscales, la detección de productos provenientes de estos actos y la mejora en el intercambio de información de agencias gubernamentales que pueden detectar estos actos en el extranjero.
En este contexto, la OCDE sugirió a México las siguientes acciones:
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recientemente se han impulsado acciones para avanzar en las recomendaciones de la OCDE, como por ejemplo se emitió, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una guía dirigida al sector financiero para prevenir el lavado de dinero con recursos derivados del cohecho internacional.
“También, se publicaron dos Guías en el mismo sentido dirigidas a los sectores de instituciones y sociedades mutualistas, agentes de seguros y agentes de fianzas, así como para quienes realizan actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, informó la UIF en una nota informativa.
Asimismo, la UIF señaló que se desarrolló una tipología denominada Cohecho Alto Ejecutivo en el Sector Público, así como un modelo de riesgo para detectar operaciones financieras relacionadas con este ilícito.
"Dichas herramientas procuran un enfoque preventivo en la comisión de estos delitos y en el reporte fueron reconocidas como avances que nuestro país ha logrado para dar cumplimiento a la citada Convención”, acotó la UIF.
En México, las industrias de obras públicas y construcción, empresas de servicio público, bienes raíces y sus servicios legales, de petróleo y gas, minería, energía y farmacéutica, son las de mayor riesgo al delito de cohecho internacional.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez