El interés de plataformas tecnológicas dedicadas a los servicios financieros por operar al amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, no se merma sino al contrario ha aumentado en el último año pese a que todavía hay reglas secundarias pendientes por aterrizar y el regulador no da señales de luz para resolver las solicitudes en trámite.
De acuerdo con una solicitud de transparencia, desde la promulgación de la ley hasta la fecha 139 plataformas ha presentado su solicitud para ser autorizadas, de las cuales 90 son Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 49 de Financiamiento Colectivo (IFC), que son las dos figuras principales que cubre la normativa.
Esta cifra es mayor respecto a la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó en enero del 2021, cuando indicó que hasta esa fecha había recibido 93 solicitudes para organizarse como Instituciones de Tecnología Financiera, de las cuales 59 eran IFPE y 34 IFC.
Es decir, que, de enero del 2021 hasta hace algunos días, 46 firmas ingresaron su solicitud con el fin de ser autorizadas para operar en los términos de la ley, de las cuales 31 ingresaron sus papeles para operar como IFPE y 15 como IFC.
Respecto a los modelos novedosos, que son aquellos que buscan realizar una actividad reservada por medio de la tecnología y que requieren de una autorización temporal para probar la funcionalidad de su esquema, la solicitud detalla que desde la publicación de la ley hasta hace algunos días se han presentado ocho solicitudes para operar de entidades no financieras y sólo una ingresada por una institución que ya es supervisada por la CNBV.
Rechazos también crecen
Actualmente, existen 33 plataformas autorizadas para operar bajo la Ley Fintech, de las cuales 19 son IFPE y 14 IFC. Sin embargo, desde la publicación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta hace algunos días, también ha habido rechazos a solicitudes de autorizaciones por parte de la autoridad.
Según la solicitud de información, la autoridad ha rechazado o denegado 25 solicitudes, de las cuales 17 han sido para firmas que buscaban operar como IFPE y ocho como IFC. Asimismo, ha desechado, por no ser procedentes, dos solicitudes para operar como plataformas de fondos de pago electrónico.
Se espera que al final del año, existan cerca de 60 plataformas autorizadas para operar bajo los términos de la Ley Fintech, si es que el regulador comienza a darle celeridad al proceso.
Pendientes normativos
Desde la llegada de Jesús de la Fuente Rodríguez a la presidencia de la CNBV, el 28 octubre del 2021, se han publicado en el DOF 13 autorizaciones definitivas de plataformas que han recibido el aval para operar bajo los términos de la Ley Fintech.
Sin embargo, ninguna de estas 13 autorizaciones ha salido con la firma del actual presidente, sino del anterior, Juan Pablo Graf Noriega, lo que indica que los expedientes ya tenían un grado de avance importante e incluso que sólo tenían que cumplir con ciertos requisitos para tener el aval definitivo.
En este contexto, también hay un retraso importante respecto a reglas secundarias de la normativa, como las relativas al modelo de finanzas abiertas (open finance) contempladas en la ley, el cual obligaría a más de 2,200 entidades financieras, y otros jugadores como las Big Tech, al intercambio de datos entre sí para crear servicios y productos más personalizados.
"En el tema de open finance vamos más atrasados de los que se debía. México fue innovador, punta de lanza, pero las disposiciones secundarias de datos transaccionales, que es por donde está la carne del open finance, se ha tardado bastante en salir", comentó Rocío Robles Peiro, socia del despacho Tenet Consultores y una de las personas, que, como parte de la CNBV en su momento, estuvo más involucradas en la creación de la ley.
El modelo de open finance contemplado en la ley fintech prevé la compartición de tres tipos de datos: financieros abiertos, agregados y transaccionales, estos últimos referentes al comportamiento de un usuario, siempre y cuando éste otorgue su aval para que su información pueda ser compartida.
Hasta el momento, la autoridad sólo ha emitido las reglas secundarias respecto a compartir información de cajeros automáticos y si bien a finales del año pasado, ya se tenía avanzado un proyecto respecto a las reglas secundarias de los datos transaccionales, las autoridades actuales han metido freno y hay temor en la industria de que este año tampoco salgan, pese a que la ley lo preveía desde hace más de un año.