A pesar de que en la región de América Latina ha habido avances en materia de regulación y supervisión para las plataformas de tecnología financiera, conocidas como fintech, los gobiernos todavía tienen problemas de ejecución.
A pesar de que en la región de América Latina ha habido avances en materia de regulación y supervisión para las plataformas de tecnología financiera, conocidas como fintech, los gobiernos todavía tienen problemas de ejecución, por lo que es necesario diseñar estrategias para su aplicación, según un estudio de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).
En el estudio se remarcan los retos para una correcta supervisión de estas plataformas de tecnología financiera en materia de protección al usuario de las mismas, en las diversas actividades que abarcan, por ejemplo, el segmento de préstamos de persona a persona, créditos a personas basados en datos no financieros y ahorros automatizados, entre otros.
“Es necesario asegurar el cumplimiento de una serie de labores que son esenciales para consolidar un marco de regulación y supervisión de proveedores fintech que sea efectivo. Aunque estas labores son evidentes, las jurisdicciones de la región han encontrado dificultades al ejecutarlas”, se describe en el estudio de la ASBA.
De acuerdo con el análisis, es necesario que las autoridades comprendan los riesgos de las empresas fintech, así como de sus productos y servicios provenientes de innovaciones tecnológicas.
“Es importante que se vean las innovaciones con suficiente antelación porque las fintech están presentes en todas las actividades financieras y del mercado de valores, y no es deseable esperar hasta que ya estén en uso generalizado y hayan escalado en dimensión de uso para evaluarlas o entenderlas”, destaca la ASBA.
En México, desde el 2018 se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y desde ese entonces se han publicado disposiciones secundarias.
Según el estudio de la ASBA, es importante desarrollar una regulación con un enfoque basado en el riesgo de protección al consumidor y lograr una priorización en la supervisión en áreas donde existe una amenaza importante para el usuario final de estas plataformas.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: FERNANDO GUTIÉRREZ