Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la lucha contra el lavado de dinero debe estar acompañada de un respeto a los derechos humanos, sin dejar de lado que es necesario fortalecer las atribuciones de las autoridades para investigar ilícitos de cuello blanco.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la lucha contra el lavado de dinero debe estar acompañada de un respeto a los derechos humanos, sin dejar de lado que es necesario fortalecer las atribuciones de las autoridades para investigar ilícitos de cuello blanco.
De acuerdo con Marco del Toral Morales, especialista de la UNODC en México, la iniciativa de reforma en materia al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya aprobada en el Senado y a la espera de ser discutida por diputados, agiliza el proceso para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene del congelamiento de cuentas de una persona por posibles hechos de lavado de dinero, sin necesidad de contar con la aprobación de un juez; sin embargo, apuntó, en todo momento se debe de respetar los derechos los indiciados.
“Se agiliza el no requerir una orden judicial, pero esto no significa que no se tengan que garantizar las medidas correspondientes de respeto a los derechos humanos, así como a todas las garantías per sé que tienen todas las personas”, dijo Del Toral Morales en el evento anual de la consultoría GMC360.
El representante de la UNODC acotó que, en este contexto, también es necesario que se fortalezcan las atribuciones de la autoridad, como la UIF, para que la lucha contra el blanqueo de capitales sea más efectiva.
“Al final de cuentas se tiene que generar un equilibrio, pues las actividades de lavado de dinero han ido rebasando (a la autoridad), entonces se tienen que seguir fortaleciendo las facultades de las autoridades”, comentó Del Toral Morales en su intervención en el evento anual de la empresa GMC360.
El especialista de la UNODC enfatizó que, de acuerdo con la Constitución, los delitos de lavado de dinero son investigados por la Fiscalía General de la República, por medio del Ministerio Público, por lo que debe de haber una mayor coordinación entre diversas instancias que coadyuvan en dichas investigaciones, como la UIF.
“Esto es una responsabilidad compartida entre el sector público y privado, es necesario generar mercados sanos y competitivos… Desafortunadamente por la pandemia del coronavirus, no se pueden complementar de la mejor forma”, acotó Del Toral Morales.
El representante de la UNODC indicó que este organismo analiza la creación de un estándar de cooperación entre el ámbito público y privado, diseñado a partir de las experiencias internacionales de éxito al respecto, para tener más impacto en materia del combate al blanqueo de capitales.
“Lo mejor es generar un mecanismo de co-regulación, donde haya una responsabilidad intrínseca entre el sector privado y el sector internacional pero a la vez con el gobierno para que se genere un mejor entendimiento y cumplimiento”.