De acuerdo con datos del organismo, a tres años de que se reforzó el discurso de combate a la evasión y elusión fiscal por parte de la administración federal, se ha reducido en casi un tercio el número de empresas o personas físicas que se encontraban como facilitadores de lavado de dinero y fraude al fisco.

La merma se dio de la mano de una regulación que entró en vigor el año pasado e implicaba prisión preventiva oficiosa para quienes participaran en casos de contrabando, defraudación fiscal, así como en el uso, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. Sin embargo, esta medida fue dictaminada como inconstitucional y desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 25 de octubre pasado.

Desde que se comenzó a llevar el listado –fundado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación– se han encontrado 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones, los cuales, lejos de implicar una mayor recaudación, le restan; pues emiten facturas sin actividad económica que respalde sus comprobantes fiscales, lo que a su vez permite deducir impuestos a otras empresas o bien facilitar el lavado de dinero de actividades ilícitas.

Por el momento también hay 396 registros que están bajo investigación y 310 más lograron desvirtuar al SAT, es decir que estos últimos contribuyentes documentaron no ser empresas fantasmas o factureras. Al final, los datos exhiben que de cada 100 causantes fichados por el SAT, 97 sí resultaron empresas fantasmas.

Los registros del 69-B se nutren de contribuyentes entre los que se detecta “la emisión de comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, explica el organismo.

Con la primera jefa del SAT en la actual administración –la ahora ministra de la SCJN Margarita Ríos-Farjat– se detectó que entre 2014 y junio de 2019 se había defraudado al fisco con 354 mil 512 millones de pesos, a través de empresas que deducen y facturan operaciones simuladas. En ese momento, junio de 2019, se tenía acreditada la existencia de 8 mil 204 factureras, pero a noviembre de 2021, ese entramado es 33.3 por ciento menor.

Si bien se observa una tendencia decreciente de 2018 a la fecha en el número de empresas que simulan operaciones, y son detectadas y acreditadas como tal, el gobierno federal se quedó sin el arma judicial más importante para desactivar la creación de redes de factureras, dada la resolución de la Suprema Corte que vetó la prisión preventiva para presuntos defraudadores.