Si bien la aprobación no es obligatoria, se prevé que en el corto plazo lo sea para fortalecer régimen.
Luego del primer proceso de evaluación, coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para certificar el nivel de conocimiento de las personas físicas, en materia de prevención de blanqueo de capitales, que realizan una de las 16 actividades vulnerables previstas en la ley antilavado, esta instancia dio a conocer que siete de cada 10 personas no aprobaron el examen.
De acuerdo con la solicitud de transparencia 330026322000111, realizada por un particular, se informó que, en esta primera evaluación que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, 1,105 personas se presentaron a realizar el examen, de las cuales 372 obtuvieron el resultado aprobatorio, es decir sólo 33% del total, mientras que el resto (67%), lo reprobó.
“El propósito de la evaluación, es apreciar el nivel de conocimiento de las personas que han solicitado la obtención del certificado, sobre los aspectos fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector de actividades vulnerables”, detalló la instancia a cargo de Pablo Gómez Álvarez.
Según la guía del examen, dicha evaluación se centró en temas como el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; el marco jurídico tanto nacional como internacional; conocimiento del sector de actividades vulnerables; entre otros.
En la actualidad, el universo de sujetos que realizan una actividad vulnerable, y que son supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es del orden de 100,000, los cuales realizan una de las 16 actividades previstas en la ley. Cuando sus operaciones superen dichos umbrales, se tiene que dar aviso a la UIF por medio del órgano fiscalizador.
Desde septiembre del 2020, la UIF, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, comenzó con la coordinación de este proceso, de la mano de la administración central de Actividades Vulnerables del SAT, que encabezaba en aquel tiempo Ramón García Gibson.
Meses después, la UIF, en voz de la ahora exdirectora de Asuntos Normativos de dicha instancia, Mireya Valverde Okón, comentó que este proceso serviría para que México informara al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los avances que ha tenido en materia de efectividad de combate al blanqueo de capitales, luego de las observaciones realizadas al país y que se plasmaron en la evaluación mutua que se dio a conocer en el 2018.
“Lo que el GAFI evalúa es si un país está alcanzando los resultados y para tal efecto, tenemos que enviar cifras, estadísticas y la certificación, sin duda, impactará en los resultados inmediatos que tienen que ver con el riesgo, la evaluación, con el tema de la supervisión y con algunos otros resultados inmediatos”, acotó Valverde Okón en agosto del 2021, cuando todavía estaba dentro de la UIF, pues en diciembre pasado renunció a dicha instancia, para que su lugar fuera ocupado por Sandino Luna, un hombre de todas las confianzas de Pablo Gómez.
En su momento, la ahora exfuncionaria, comentó que, si bien la certificación no es obligatoria, tal y como sucede en algunos sectores del sector financiero, lo ideal es obtenerla para beneficio de la misma actividad vulnerable, y su esquema de cumplimiento, como del ecosistema. Asimismo, indicó que transitoriamente podría ser obligatoria, pero no en el corto plazo.
Esta primera evaluación se realizó el pasado 27 de noviembre en distintas sedes del país y se prevé que periódicamente la UIF realice más exámenes; al menos, dos veces por año.
En noviembre del 2021, en un sorpresivo movimiento, Pablo Gómez Álvarez fue nombrado titular de la UIF en lugar de Santiago Nieto Castillo. Fuentes comentan que una vez enterado del proceso de certificación de la UIF para el sector de actividades vulnerables, el nuevo mandamás de esta instancia realizó críticas severas al proceso.
En el sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó desde el 2015 con el proceso de certificación para oficiales de cumplimiento, y demás personal que desempeña una parte del esquema de prevención de lavado de dinero de las entidades financieras.
Hasta la fecha, se tiene conocimiento que más de 3,500 personas han obtenido su certificación, las cuales tienen que renovar cada cinco años. En algunos sectores del sistema financiero, contar con personal certificado sí es obligatorio, sobre todo en el sector de instituciones de tecnología financiera y aquellas que tienen que renovar su registro ante la autoridad.
Para las autoridades, si bien no es una obligatoriedad contar con la certificación, obtenerla ayuda tanto a las entidades como a sus contrapartes para poder fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez