Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos.
México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo en la materia.
De acuerdo con la última revisión del GAFI a México, donde reclasificó para mejora las calificaciones de seis recomendaciones, el país ha avanzado en materia de identificación del beneficiario final, pero para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, todavía faltan algunos pendientes normativos por aterrizar, tales como la reforma a la ley antilavado, así como de otras índoles con el fin de tener una mayor vigilancia sobre empresas mercantiles.
“Se requieren reformas importantes, dado que, en el 2013, con la reforma mercantil, se eliminó la disposición de que los fedatarios públicos pudieran registrar cambios de accionistas o participaciones accionarias en sociedades mercantiles; en este momento se realiza sólo un aviso ante la Secretaría de Economía”, explicó recientemente Nieto Castillo.
De acuerdo con el funcionario, la propuesta de reforma a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, actualmente atorada en el Senado, tiene la intención de que los sujetos obligados a esta normativa, dedicados a una de las 16 actividades vulnerables, puedan detectar al beneficiario final de una operación.
“La reforma está encaminada a dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI... Para mejorar muchos temas vinculados con los sujetos obligados de las actividades vulnerables, por ejemplo, se les exigirá sistemas automatizados, capacitación, auditorías internas y externas, y así poder cumplir los estándares internacionales”, detalló Nieto Castillo.
Asimismo, acotó que es necesario ajustar la normativa en materia mercantil, para que las sociedades mercantiles mantengan actualizada la información respecto a los beneficiarios finales y así, enviarla a la autoridad en caso de que lo soliciten.
“Se requiere mantener la información de los registros mercantiles al menos cinco años y la información de beneficiarios finales debe de estar disponible para efectos de cumplir con el estándar internacional”, acotó el funcionario.
En los últimos años, México se enfocó en mejorar la calificación de la recomendación número 10 del GAFI relacionada con la debida diligencia del cliente en el sector financiero. En este contexto, el país mejoró su evaluación al respecto al pasar de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.
Para el GAFI, el tema de la detección del beneficiario final es fundamental para prevenir y atacar el lavado de dinero en el mundo; sin embargo, luego de la cuarta ronda de evaluaciones a los países miembro, ninguna nación obtuvo un cumplimiento total en la materia, por lo que es el “talón de Aquiles” en la lucha antiblanqueo a nivel global.
En este contexto, el organismo recientemente sometió a consulta pública una propuesta de modificación a la recomendación 24, la cual México la tiene como parcialmente cumplida, y tiene que ver con la transparencia y beneficiario final de personas jurídicas con el fin de fortalecer el estándar internacional en la materia.
Fuente: GAFI.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez