Se prevé que cerca de 4,500 personas participen en esta primera evaluación para este segmento, el cual cuenta con cerca de 100,000 sujetos obligados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha comenzado con el proceso para certificar a los oficiales de cumplimiento, y demás profesionales relacionados con prevenir el blanqueo de capitales, de las organizaciones dedicadas a una de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.
Esa instancia, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de la convocatoria para la certificación en conocimientos de prevención de lavado, proceso que, si bien ya existe en el sistema financiero, todavía no en la parte de las actividades vulnerables, las cuales son supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el anteproyecto, el proceso de registro y envío de solicitud para realizar la evaluación y así obtener la certificación por parte de la UIF será del 9 de agosto al 17 de septiembre de este año, mientras que la aplicación del examen se realizará el próximo 27 de noviembre.
Si bien la obtención de la certificación no será obligatoria, tal y como sucede en el sistema financiero, este proceso, según la autoridad, traería beneficios a las organizaciones que logren contar con personal certificado en materia antilavado.
“La certificación es una herramienta adecuada que dota de beneficios de un alto valor, incluso de carácter reputacional, toda vez que busca proveer de confianza a los sujetos que realizan actividades vulnerables, al público en general y usuarios de dichos servicios, consolidando su estabilidad y protección”, se puede leer en el anteproyecto.
Según el anteproyecto, entre los beneficios de la certificación destaca un mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones a las que los sujetos que realizan actividades vulnerables están sujetos y por lo tanto, una disminución en la imposición de sanciones por omisión o incumplimiento.
Asimismo, un “mejor entendimiento de las obligaciones que, como sujeto que realiza actividades vulnerables, debe cumplir, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el objetivo de evitar ser utilizado como vehículo para la comisión del delito de lavado de dinero o algún subyacente”.
De acuerdo con información proporcionada por diversos funcionarios del SAT, actualmente existen cerca de 100,000 sujetos obligados que realizan una de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley, como pueden ser desarrolladores inmobiliarios, agencias automotrices, establecimientos de juegos y sorteos, empresas de blindaje, comercializadoras de obras de arte, entre otras.
El documento que se encuentra en la Conamer remarca que una de las finalidades de la certificación antilavado en actividades vulnerables, es tener un mayor número de profesionistas capacitados y con herramientas de conocimiento sólidas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“(También) se procura la estabilidad y sano equilibrio del sistema financiero, repercutiendo sin duda en la disminución del delito y las muchas conductas que suelen subyacer a su comisión, entre las que se destaca la corrupción”, destaca el documento.
Según el anteproyecto, se espera que en esta primera evaluación para actividades vulnerables se cuente con la participación de 4,500 concursantes que realizarán el examen, el cual tendrá una cuota de recuperación de 6,500 pesos, cantidad menor a la prevista para el proceso dentro del sistema financiero, el cual tiene un costo de más de 13,000 pesos.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez