GUADALAJARA.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reintegró el uso de sus cuentas bancarias a los ayuntamientos de Ixtlahuacan de los Membrillos y de El Grullo, en Jalisco, para favorecer al bien público, aunque siguen las indagatorias por la actuación de alcaldes en actos de lavado de dinero.
Sin embargo, persiste la incautación de los fondos económicos personales de Eduardo Cervantes Aguilar, del municipio conurbado, de extracción priísta, y Mónica Marin Buenrostro, de la comuna ubicada en la Sierra de Amula, quién llegó a su cargo por la coalición del PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano.
También se reintegró el uso del presupuesto municipal de Autlán de Navarro, mientras que otros tres ayuntamientos con cuentas incautadas-Juchitlán, Casimiro Castillo y Villa Purificación- interpusieron juicios de garantías y se les concedieron medidas cautelares. Los procesos tienen fijada la audiencia constitucional el próximo 30 de junio.
La información de los municipios señalados en la operación Agave Azul refiere que las intervenciones federales se derivaron de compras a empresas señaladas de blanqueo de activos a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe señalar que, desde el pasado 8 de junio, que entró en funciones el operativo, se han recibido más de mil peticiones de juicios de garantías en juzgados de distrito.
Todavía al mediodía, funcionarios municipales y regidores de los municipios beneficiados con la reintegración de sus cuentas por parte de la dependencia federal, acusaban la falta de pago de la nómina y servicios como teléfono y luz, además del requerimiento de proveedores con promesa de pago.
Funete: EL FINANCIERO
Autor: Juan Carlos Huerta