La UIF se encuentra en alerta por el crecimiento exponencial de estructuras jurídicas que se crean para constituir una empresa o desarrollar un bien, especialmente en las entidades de la CDMX o Jalisco.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en alerta por el crecimiento exponencial de estructuras jurídicas que se crean para constituir una empresa o desarrollar un bien, especialmente en las entidades de la Ciudad de México (CDMX) o Jalisco.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, si bien este crecimiento puede obedecer al desarrollo económico de dichas regiones, también puede responder a la capacidad de grupos delincuenciales para crear estas estructuras y así buscar pasar el dinero ilícito que obtienen como recursos legítimos.
“Me llama la atención que sean Jalisco y la CDMX, las entidades que más estructuras jurídicas están generando, ya sea por personas jurídicas o por fideicomisos. El incremento es constante y tiene que ver con el desarrollo económico de la sociedad, pero también con el perfeccionamiento que han tenido los grupos delincuenciales para saber cómo deben cubrir su dinero”, declaró el funcionario recientemente.
Las estructuras jurídicas son figuras legales que se adoptan para crear organizaciones que, de acuerdo con sus funciones, adoptan la figura, por ejemplo, de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, de producción rural de responsabilidad limitada, promotoras de inversión, cooperativas, por acciones simplificadas o de fideicomisos.
Según información de la UIF, con base en datos de la Secretaría de Economía, al 2018 existían casi 100,000 estructuras jurídicas registradas en el país, de las cuales, la mayor parte correspondía a sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada.
De acuerdo con la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, dada a conocer en el 2018, el lavado de dinero mediante el uso de estructuras jurídicas se da vía la creación de sociedades pantallas o ficticias para cometer delitos como la malversación de fondos y la evasión fiscal, así como para invertir recursos ilícitos en propiedades inmuebles, restaurantes y otros negocios.
En la actualidad, la Ciudad de México es la entidad donde más se origina la información que recibe la UIF para que analice e investigue indicios de lavado de dinero; sin embargo, Jalisco, se encuentra más rezagada al respecto.
De los 142,087 reportes de operaciones inusuales que recibió la UIF en enero de este año, aquellos que no concuerdan con la actividad declarada por una persona, 34.5% se originaron en la Ciudad de México y 11.7% en Jalisco.
La UIF tiene clasificada a la delincuencia organizada como el principal riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En este contexto, Jalisco es el territorio de dominancia del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales de mayor poderío en el país.
Otro de los temas que tiene en alerta a la UIF son los fideicomisos, ya que, de acuerdo con esta unidad, estos instrumentos jurídicos han sido utilizados en los grandes casos de corrupción como Odebrecht.
“La falta de reglas claras, de transparencia (en fideicomisos), generó que en casos como OHL, Pemex, el sindicato petrolero, o los relativos a Odebrecht se crearan fideicomisos para poder lavar el dinero en el sistema financiero o no financiero”, apuntó Nieto Castillo.
La UIF prevé impulsar una iniciativa que obligue a los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable a reportar información a esta instancia.
• Lavado de dinero.
• Peculado.
• Financiamiento ilícito a campañas electorales.
• Defraudación fiscal.
• Outsourcing ilegal.
Fuente: UIF
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: FERNANDO GUTIÉRREZ