La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reconoció que es poca la información que recibe de las actividades de la fe pública, como los notarios, por lo que solicitó a este sector más información.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reconoció que es poca la información que recibe de las actividades de la fe pública, como los notarios, por lo que solicitó a este sector más información e incluso, vislumbró un cambio a la ley con el fin de poder atacar de manera más efectiva los problemas de corrupción, defraudación fiscal, cohecho, entre otros.
Durante una reunión virtual con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó que de los poco más de 8 millones de avisos que ha recibido esta instancia de enero del 2019 al presente mes por parte de las actividades vulnerables, apenas 1.2%, o 97,984 avisos, corresponde a la fe pública, de los cuales 47,347 fueron presentados por los notarios.
“Muchas veces en los reportes (enviados por notarios) se reporta información en cero. La parte central aquí es poder reformar la legislación y que entonces se puedan reportar cualquier tipo de actividad sospechosa con independencia o no que se supera el umbral establecido por la ley”, indicó Nieto Castillo, quien enfatizó la necesidad de obtener más información de estos actores especialmente en la creación o modificación de fideicomisos inmobiliarios.
En la actualidad, los 4,404 notarios dados de alta como actividades vulnerables realizan cinco acciones que deben de ser reportadas a la UIF: la transmisión y constitución de derechos reales sobre inmuebles; otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable; creación, constitución variaciones de capital o estructura accionaria de personas morales; constitución o modificación de fideicomisos inmobiliarios y el otorgamiento de préstamos con o sin garantías.
De acuerdo a la actividad que realizan y el umbral de identificación, los notarios deben de reportar la información tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la UIF, para saber si hay algún indicio de lavado de dinero. Por ejemplo, en la constitución de personas morales, si el umbral de la operación rebasa las 8,025 UMAS, es decir los 697,212 pesos, ésta debe de ser reportada.
Nieto Castillo indicó que no hay una persecución contra estas figuras, sino que simplemente debe de haber una mayor coordinación con ellas con el fin de atacar los verdaderos ilícitos financieros provenientes de otros delitos.
FUENTE: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez