Luego de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el GAFI contra el lavado de dinero a distintas naciones, se encontró que el talón de Aquiles en esta batalla es la falta de efectividad para la identificación del beneficiario final.
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero a distintas naciones, se encontró que el talón de Aquiles en esta batalla es la falta de efectividad para la identificación del beneficiario final. En este contexto, el organismo internacional busca fortalecer sus estándares para tener mayor éxito al respecto.
GAFI presentó una consulta pública respecto a un documento que contiene los posibles cambios de su recomendación 24, que tiene que ver sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas, con el fin de fortalecer el estándar internacional.
Dentro de las propuestas del documento se encuentra la de un reforzamiento en la diligencia de personas jurídicas extranjeras. “GAFI está considerando si todos los países deberían aplicar medidas para comprender el riesgo que plantean todos los tipos de personas jurídicas creadas en dicha nación y también a ciertas personas jurídicas creadas en el extranjero”.
Según el organismo, lo que pretende es limitar el alcance a las personas jurídicas registradas en el extranjero y que tengan vínculos suficientes con distintos países.
Asimismo, sugiere un enfoque múltiple para la recopilación de información sobre beneficiarios reales, pues si bien la recomendación es que los sujetos obligados a reglamentos antilavado utilicen diversas fuentes de datos para detectar a beneficiarios reales, lo que busca es determinar qué elementos deben de considerarse.
“Esto incluye los beneficios para la aplicación de la ley y otras autoridades competentes de los registros y otros enfoques, los costos y la carga de cumplimiento asociados con el beneficiario final, registros de gobiernos y empresas; el valor de la información; los riesgos en torno a la introducción de registros y otros enfoques, y otros requisitos y desafíos para que cada uno de estos enfoques tenga éxito”, destaca el organismo.
Otra de las sugerencias del organismo es empujar que la información respecto a los beneficiarios finales sea adecuada, precisa y actualizada, por lo que pretende que su recomendación 24 aclare cómo debe de ser el camino para que esto suceda dentro de los gobiernos. La consulta pública estará disponible hasta el 20 de agosto.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez