De acuerdo con los resultados de la evaluación del GAFI a México, que se publicaron en el 2018, de las 40 recomendaciones del GAFI, el país cumplía en aquel entonces con cinco, 19 resultaron como mayormente cumplidas, 15 como parcialmente cumplidas y sólo una como no cumplida.
Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México debe de ser más proactivo en materia de identificación de beneficiario final e incluso ha sugerido que el país cuente con un registro central donde diversas instancias gubernamentales puedan corroborar la información de una persona que puede ser beneficiaria de última instancia, ya sea de una operación financiera o cualquiera relacionada con una actividad vulnerable.
El viernes pasado, durante la celebración del 17 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI indicó que el tema del beneficiario final es un reto no sólo para el sector público sino también para la iniciativa privada, que es donde hay mayores deficiencias para cumplir con las obligaciones en materia antilavado.
“En el sector privado, no todos los sujetos obligados tienen las mismas capacidades y el mismo entendimiento del reto, hay muchos incumplimientos de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por falta de conocimiento, por negligencia y por no conocer las obligaciones que tienen”, destacó De Anda Madrazo.
La representante del GAFI enfatizó que cuando los criminales utilizan a las actividades vulnerables, como abogados contadores, notarios, entre otros, para esconder sus ganancias ilícitas, también estos actores facilitan la realización de otros ilícitos como el tráfico de drogas o la trata de trata de personas.
En este contexto, la vicepresidenta del organismo internacional resaltó el trabajo de la UIF para sensibilizar al ámbito privado sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y detectar a los beneficiarios finales, con la emisión de guías, tipologías y guías informativas al respecto.
De Anda Madrazo añadió que las autoridades tienen el reto de entender los riesgos, y después mitigarlos, respecto a la correcta identificación de los beneficiarios finales, por lo que la sugerencia es la creación de una base de datos central donde se pueda triangular distinta información para detectar y corroborar a un beneficiario final.
“El GAFI ha determinado a través de mejores prácticas que se emitieron en el 2019, que aquellos países que tienen un registro central donde confirman que la información (de un beneficiario final) esté actualizada y completa, son los que dan mejores resultados en el tema del beneficiario final”, apuntó.
Para Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, México ha avanzado en este tema, especialmente con la creación de las unidades de inteligencia patrimonial en casi todas las entidades del país, las cuales han comenzado a brindar información a esta instancia en materia de registros públicos, civil, de comercio, catastro y vehicular.
“Con todos estos elementos a partir de los algoritmos y de modelos de riesgo, podemos detectar, por ejemplo, a las personas políticamente expuestas o cercanas a los grupos de la delincuencia organizada y ver quién es el beneficiario final”, detalló Nieto Castillo.
Actualmente, México se encuentra en un proceso de revisión por parte del GAFI respecto al último reporte de este organismo sobre el país, publicado en el 2018.
De acuerdo con el organismo internacional, el país ha tenido avances; sin embargo, para la UIF, es necesario que se aprueben reformas en la materia, atoradas en el Congreso, para tener un mayor cumplimiento de las 40 recomendaciones del grupo.
Según lo estimado por la UIF, México podría tener una mejor calificación en seis de 15 recomendaciones del GAFI que el país tuvo como parcialmente cumplidas en dicha evaluación. Pese a esto, nueve recomendaciones continuarían en este mismo estatus y una como no cumplida.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez