Aunque en México, la percepción sobre la corrupción ha mejorado en los últimos dos años, nuestro país aún es el peor evaluado entre los integrantes de la OCDE.
Aunque en México, la percepción sobre la corrupción ha mejorado en los últimos dos años, nuestro país aún es el peor evaluado entre los integrantes de la OCDE.
El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, de la organización Transparencia Internacional, indica que México mejoró, durante el año pasado, seis lugares respecto del ranking del 2019, y pasó del sitio 130 al 124 de entre 180 países evaluados.
Mientras que su evaluación global avanzó dos puntos con relación a un año anterior, ya que su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción del 2020 contó con 31 puntos (donde 0 es la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible). En el 2019, esta cifra se colocó en 29 puntos.
Lo anterior se traduce en que nuestro país se ha recuperado 14 lugares desde el 2018, año en que México se colocó en la posición número 138 de 180 países; sin embargo, aunque el avance es significativo, no se compara con los datos registrados en el 2015, cuando logró obtener su mejor calificación al posicionarse en el lugar 95 del ranking con 35 puntos.
Cabe señalar que fue a partir del 2016 cuando México presentó un alza negativa en la percepción de la corrupción, al pasar del lugar 95 al 123, con una calificación de 30 sobre 100 puntos. Para el 2017, los datos no mejoraron, ya que se ubicó en el lugar 135, con 29 puntos.
Durante 2020, México se ubicó junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, está en la posición 37 de 37 países.
“Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, se indicó en dicho informe.
Transparencia ya había informado que en el periodo 2016-2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en el país.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Maritza Pérez