El informe dice que las probabilidades de desarrollo de armas de destrucción masiva son bajas en México, sin embargo, clasifica como de alto impacto una falta de un sistema completo de respuesta en caso de un ataque con este tipo de armamento.
La segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ha registrado que en México falta el desarrollo e implementación de un sistema completo que dé respuesta a un ataque con armas de destrucción masiva, pese a las recientes estrategias y medidas que ha emprendido el Estado para repeler ataques bioterroristas y para atender incidentes con materiales radioactivos.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer los resultados de la segunda ENR. En ella, se describe que en el país las probabilidades de desarrollo de armas de destrucción masiva, así como su financiamiento, son bajas; sin embargo, clasifica como de alto impacto una falta de un sistema completo de respuesta en caso de un ataque con este tipo de armamento.
“En México se ha retrasado la implementación de un sistema de respuesta completo en caso de un ataque con ADM (armas de destrucción masiva)”, se puede leer en la versión pública del documento.
El documento describe que México participa en distintos regímenes de combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y ha suscrito tratados en la materia. “Participa activamente y cumple sus obligaciones, de la misma manera, afirma su compromiso con la adopción de 16 tratados en materia de desarme”.
De acuerdo con el documento, en el 2017, en atención a los regímenes internacionales de control de exportaciones, la Secretaría de Gobernación participó en reuniones plenarias y técnicas del Arreglo de Wassenaar, que es el primer acuerdo global sobre el control de exportaciones de armas convencionales y bienes con tecnología de doble uso.
Asimismo, destaca que, en julio del 2018, se realizó el primer simulacro de un ataque bioterrorista al centro unificado para la protección marítima y portuaria.
En este contexto, el documento señala que, en general, el riesgo de uso de armas de destrucción masiva proviene de actores estatales, más que de entidades terroristas, sin que México haya sido señalado como blanco, por lo que el principal riesgo en materia de combate a la proliferación de este tipo de armamento, es el desvío de insumos de uso dual desde la industria civil para la elaboración de esta clase de armas.
“En el país no se cuenta con la tecnología para construir una ADM completa, pero sí algunos de sus componentes” acota el documento.
En una versión previa del documento, la cual no es pública, se detalla que un sistema completo de respuesta ante un ataque con armas de destrucción masiva tendría que ser de grado militar; sin embargo, este no se justifica por el que riesgo de financiamiento a esta clase de armamento en el país no existe.
Fuente: EL ECONOMISTA
Autor: Fernando Gutiérrez